La vicepresidente del bloque de senadores de la UCR, Malena Baro, solicitó al Ejecutivo bonaerense cumplir con lo establecido en la ley provincial de tránsito en cuanto a la creación de nuevos juzgados administrativos de faltas, respetando el texto original de la norma, que indica su radicación en la ciudades cabeceras de los departamentos judiciales.

“El decreto reglamentario nº 532 del año 2009 estableció la estructura orgánica- administrativa de la justicia de infracciones de tránsito con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires creando 20 departamentos administrativos para la justicia de faltas en las cabeceras de los departamentos judiciales. A la fecha se está incumplimiento con las reglamentaciones estipuladas debido a que se han creado sólo cinco juzgados administrativos de faltas en las ciudades de Dolores, Mar del Plata, La Plata, Don Torcuato y Chivilcoy, de los veinte establecidos originariamente, con el agravante de que este último, de respetarse la normativa vigente, debió radicarse en la ciudad de Mercedes, cabecera del departamento judicial”, explicó Baro.

En esa línea, la legisladora radical manifestó que “con el incumplimiento por parte de la provincia de la legislación vigente en la actual estructura de la justicia de faltas también está quedando al margen otra de las ciudades cabeceras judiciales como Junín, que recibe por ser referencia regional en la justicia ordinaria a un gran caudal de infractores que, desconociendo esta situación, deben trasladarse hasta Chivilcoy y padecer esperas prolongadas durante la madrugada para poder acceder a uno de los pocos números de atención al público que se asignan con el objeto de realizar el descargo correspondiente ante el juez de faltas”.

Finalmente, sostuvo que “es evidente que el mal funcionamiento del actual régimen legal y la ausencia de implementación de los juzgados administrativos restantes han provocado un colapso en el sistema” y remarcó: “se registra una superación de la capacidad de funcionamiento de las actuales dependencias que nuclean a todas las demás jurisdicciones y se afecta de esta manera exclusivamente los ciudadanos”.

Fuente: Parlamentario